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Foto: Mirave
Lunes, Enero 15, 2018 - 15:52

En el marco del Plan Bolsillos de Cristal, cero tolerancia con la corrupción, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación en contra de siete personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios del hospital de Palmira Raúl Orejuela Bueno, por las supuestas irregularidades en 10 contratos.

De acuerdo con la investigación, la Fiscalía pudo establecer que entre los años 2010 y 2013 se habrían suscrito 10 contratos, por valor de $27.282.488 los cuales serían destinados para el funcionamiento de dicho centro asistencial de esa localidad.

Según la Fiscalía, se pudo establecer que dichos contratos habrían sido adjudicados a personas que no cumplían con el objeto de los mismos. Asimismo, las personas que figuraban en los contratos no serían las personas que en últimas los firmaron.

Pruebas periciales, adelantadas por expertos del CTI de la Fiscalía permitieron determinar la falsedad de varios documentos.

En julio de 2017, miembros del CTI de la Fiscalía hicieron efectivas 7 órdenes de capturas y posteriormente, otras dos personas se presentaron ante las autoridades, luego de que un juez librara las respectiva órdenes, previa solicitud del fiscal del caso, adscrito a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Cali.

El escrito de acusación presentado por la Fiscalía los acusados y los delitos son:

Fernando Cárdenas Piedrahita, exgerente del hospital, fue acusado por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales; falsedad ideológica en documento público; prevaricato por acción; interés indebido en la celebración de contratos, violación al régimen constitucional de inhabilidades y concierto para delinquir.

Sorelly López, contadora pública y gerente encargada del hospital para la fecha de los hechos, por contrato sin cumplimiento de los requisitos legales; falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción; peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Rodolfo Arturo Rassa, ingeniero de sistema e interventor,  por contrato sin cumplimiento de los requisitos legales; falsedad ideológica en documento público; peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Asimismo, en contra de Alexánder González Nieva, concejal, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales; falsedad ideológica en documento público; peculado por apropiación y concierto para delinquir.

A Johnier Barona, ingeniero de sistemas e interventor, la Fiscalía lo acusa por falsedad ideológica en documento público; peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Asimismo, a Carlos Alberto Ramírez Alvis, jefe de la oficina de asesoría jurídica del hospital,  por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales; prevaricato por omisión y concierto para delinquir.

Harvey Candelo Quintero, directivo de una institución educativa, por contrato sin cumplimiento de los requisitos legales; interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen constitucional de inhabilidades.

Por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales la Fiscalía acusa a María del Pilar Paz, psicóloga.

Finalmente, por concierto para delinquir, la Fiscalía acusa a Octavio lozano, jefe de mantenimiento del hospital.

En su momento, las personas antes relacionadas fueron judicializadas ante jueces de control de garantías quien determinó imponer medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Los hoy acusados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

En los próximos días, un juez de conocimiento fijará fecha para llevar a cabo la audiencia de formulación de acusación.

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