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Miércoles, Noviembre 8, 2017 - 10:47

El nuestro es un país de leyes, tanto que supera en mucho el universo de normas que se aplican en la mayoría de países latinoamericanos y de Europa. Entonces, a los habitantes de una nación tan prolija en esta materia como la colombiana, no les tenía que sorprender que se tenga una más como la llamada Ley de Garantías.

No importa que sea una norma tan recesiva y tan paralizante de las obras públicas que desde el Gobierno central hasta el más olvidado corregimiento colombiano se han programado. Sin embargo, como casi siempre sucede en Colombia, los largos procesos burocráticos para lograr permisos, licencias ambientales, avales etcétera, no permiten que se cumpla con entregar la documentación de ley para acceder a un contrato de obra civil.

Lo mismo sucede cada año con millones de colombianos que quieren entrar a trabajar en las entidades públicas. Ellos saben que deben cumplir con un riguroso papeleo antes que la citada ley entre en vigencia, o se quedaron irremediablemente afuera. Entre tanto, un grueso número de proponentes afana sus trámites, antes de que suene la campana.

Al redactar la norma y aprobarla los legisladores no tuvieron ninguna consideración en frenar la inversión estatal, generando graves consecuencias de diversa índole.

Pero en favor de los impulsadores del proyecto de ley hay que decir que lo hicieron de buena fe, aunque también con ingenuidad. Ellos querían contribuir al país a frenar la corrupción que se dispara en tiempo de elecciones.

Sin embargo, hasta ahora no hay ningún análisis o estudio que arroje los efectos positivos que se han producido, gracias a la Ley de Garantías. Más bien lo que queda demostrado es que de muy poco o casi nada Colombia se ha beneficiado de ella. 

No olvidemos que no es solamente por uno o dos meses que las prohibiciones de esa norma pesarán en las instituciones públicas del país, a las que la maniata en gran medida, sino ocho meses, tiempo en el que se perjudica gravemente la dinámica estatal y sensibles sectores de la economía y la sociedad.

En lugar de una ley como esta, que en principio recibiría apoyos y generaría réditos políticos para sus autores, consideramos que bien se debía haber dispuesto una estrategia anticorrupción en la que se integren los entes y que sume y motive la participación ciudadana.

Como dice el refrán, hecha la ley, hecha la trampa. Aprobaron la Ley de Garantías y en todos los estamentos del Estado, desde ahora y hasta el día de la próxima elección presidencial, se acelerará el ritmo de contrataciones, tal y como sucede en muchas alcaldías, gobernaciones y el mismo Gobierno central, donde estampan rúbricas legalizando contratos hasta el último minuto de administración.

Sin haberse comprometido a comienzo de su gobierno, como habría sido lo deseable, el presidente Juan Manuel Santos, ya con el ‘sol a sus espaldas’, ha propuesto el desmonte de la norma. Acostumbrados como estamos tomar medidas después de estudios pertinentes, el Gobierno considera que la ley cumplió su ciclo. Puede tener mucha razón, pero si tampoco se refuerza la aplicación de los controles estatales se convertirá en un boomerang para quienes la levanten.

Conclusión, ni crearla ha sido una garantía de menos corrupción, desmontarla será disparar la corrupción, que ha llegado hasta niveles impensables y vergonzantes.

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